"En España, las medidas de austeridad adoptadas en el contexto de crisis económica han llevado a miles de personas a salir a la calle para protestar ante los recortes de servicios básicos que afectan a sus derechos.
Las autoridades españolas sin embargo, están respondiendo a la movilización con restricciones a los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. La policía ha sometido a comprobaciones de identidad a manifestantes pacíficos durante las manifestaciones o incluso antes de ellas; se han impuesto multas a personas simplemente por asistir a protestas o reuniones; manifestantes pacíficos han sufrido abusos y uso excesivo de la fuerza, o han sido detenidos y trasladados a comisarías donde han sufrido tratos humillantes o malos tratos bajo custodia.
Estos abusos no son investigados adecuadamente. Las autoridades no han rendido cuentas por ellos. Al contrario, en lugar de defender y garantizar el derecho de libertad de expresión y reunión pacífica están tratando de reformar la legislación. El endurecimiento del Código Penal y de laLey de Seguridad Ciudadana pueden ser un nuevo golpe para estos derechos."
